Te citan como investigado: cómo preparar la declaración sin cometer errores

Pocas comunicaciones generan tanta inquietud como un sobre del juzgado que te requiere a declarar en calidad de investigado. Conviene, sin embargo, separar el miedo de los hechos. Ser investigado significa únicamente que un juzgado aprecia indicios que justifican escuchar tu versión sobre unos hechos posiblemente delictivos; en ningún caso supone que seas culpable. Desde la Ley Orgánica 13/2015, este término sustituyó al antiguo «imputado» precisamente para subrayar que se trata de una etapa de instrucción, de averiguación, y no de un veredicto. La acusación formal, si llega, es algo muy posterior: solo se produce cuando el juez cierra la investigación y decide abrir juicio oral.

Antes de pisar el juzgado conviene tener presentes los derechos que la ley reconoce desde el primer momento. Se mantiene intacta la presunción de inocencia, no existe obligación de declarar contra uno mismo y se puede guardar silencio sin que ello se interprete en contra ni haya que justificarlo. También se tiene derecho a ser asistido por un abogado penalista de libre elección, a conocer los indicios existentes y a aportar las pruebas que respalden la propia versión. Estos derechos no son una formalidad: son la principal herramienta de defensa.

La forma de actuar al recibir la citación marca diferencias. Lo primero es leer el documento con calma (recoge fecha, hora, lugar y el asunto investigado) y no dejarlo para más adelante, porque los plazos penales no admiten descuidos. El paso verdaderamente urgente es contactar con un abogado especializado antes de comentar nada con nadie y antes de improvisar cualquier versión de los hechos. Con él se analizan los indicios, se decide si conviene declarar y qué información o documentos refuerzan la posición. El día señalado, hay que acudir siempre acompañado del letrado, que velará por que la diligencia se desarrolle con todas las garantías.

No comparecer no es una alternativa. La incomparecencia injustificada puede acarrear multas de entre 200 y 5.000 euros, una orden de localización y conducción forzosa e incluso responsabilidad penal si se reitera. Si una causa legítima impide acudir, por ejemplo una hospitalización, puede solicitarse un aplazamiento, pero debe pedirse con antelación, por los cauces formales y acreditando el motivo; lo más seguro es que lo gestione el abogado.

Tras la declaración, el juez valorará el testimonio junto al resto de diligencias. El procedimiento puede archivarse mediante un auto de sobreseimiento cuando no se aprecian indicios suficientes, que es el mejor desenlace posible, o avanzar hacia el juicio oral si el juez aprecia indicios razonables. En ambos escenarios se sigue contando con todas las garantías procesales.

La conclusión es sencilla: afrontar una declaración como investigado sin asesoramiento es uno de los errores más caros que se pueden cometer. No se trata solo de tener compañía en el juzgado, sino de contar con un profesional que conozca el procedimiento, proteja los derechos del investigado y se anticipe a la estrategia de la acusación. Ante una citación de este tipo, lo prudente es buscar asesoramiento penal cuanto antes.