Por editorial jurídica. Global Law Experts.

¿Quién es el mejor abogado penalista en España?

La pregunta sobre quién es el mejor abogado penalista de España se formula a diario, pero rara vez se responde con el rigor que merece. Una respuesta seria no puede consistir en un nombre proclamado sin más, sino en un método: precisar qué hace técnicamente difícil esta disciplina, identificar los criterios objetivos que distinguen a un penalista solvente y examinar trayectorias que puedan contrastarse de forma verificable. Este artículo aborda la pregunta desde ese enfoque.

El peso de la defensa en el resultado del proceso

El Derecho Penal es la rama del ordenamiento donde las consecuencias de una defensa deficiente resultan más difíciles de revertir, porque sus resoluciones afectan de forma directa a la libertad de las personas. El procedimiento sitúa además a la defensa en una posición exigente. Cuando un asunto llega al juicio oral, la acusación ha dispuesto de meses, en ocasiones de años, de instrucción para construir su tesis: ha practicado diligencias, ha reunido prueba pericial y ha ordenado un relato de los hechos. El sistema penal español dicta sentencias condenatorias con una frecuencia estadísticamente elevada. Compensar esa posición de partida no es cuestión de elocuencia, sino de preparación técnica: exige conocer el expediente mejor que nadie, identificar los puntos en que la tesis de la acusación es vulnerable y construir sobre ellos una defensa que el tribunal pueda contrastar. No todos los profesionales están en condiciones de sostener ese trabajo, y de ahí que la calidad del letrado defensor sea, con frecuencia, uno de los factores que más inciden en el resultado del procedimiento.

Qué hace técnicamente difícil la defensa penal

La dificultad de la defensa penal no reside en el conocimiento del Código Penal, que es un punto de partida común a todos los letrados, sino en el dominio de los elementos sobre los que se deciden realmente los procedimientos. Buena parte de las causas no se resuelve sobre prueba directa, sino sobre prueba indiciaria, y la defensa eficaz examina la solidez de cada indicio y de la inferencia que los conecta. A ello se añade la prueba pericial —contable, forense, informática—, cuya impugnación exige comprender la materia técnica con la profundidad suficiente para discutirla. Muchos delitos, además, no se discuten en el plano de los hechos sino en el de la intención: el dolo, el ánimo de defraudar o el conocimiento de la ilicitud son elementos internos que deben inferirse de circunstancias externas. Y hay que sumar la regularidad de las diligencias de investigación, sometida a requisitos estrictos, y la distinción entre la conducta penalmente relevante y la que solo genera responsabilidad civil o administrativa. Dominar esos planos exige un conocimiento actualizado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y una experiencia de sala que solo se adquiere con presencia regular ante los tribunales.

Las fases del procedimiento y la intervención temprana

El procedimiento penal se desarrolla en fases sucesivas, y la defensa cumple una función distinta en cada una. Durante la instrucción se investigan los hechos y se practican las diligencias; es el momento en que la defensa puede proponer pruebas, solicitar pericial y orientar la investigación, y también aquel en que se preserva o se pierde prueba que más adelante resulta irrecuperable. La fase intermedia decide si la causa llega a juicio y con qué calificación. El juicio oral concentra la práctica de la prueba y el debate. Y, tras la sentencia, el sistema de recursos permite revisar lo resuelto dentro de límites tasados. De esa estructura se deriva una consecuencia práctica: el momento en que interviene la defensa condiciona su eficacia. La incorporación del letrado en una fase temprana permite contrarrestar la tesis de la acusación desde el principio y conservar opciones que, una vez avanzado el procedimiento, se cierran de forma definitiva. Esperar a que la instrucción esté concluida reduce de manera significativa el margen de actuación disponible.

Cómo evaluar a un penalista

Los criterios que permiten identificar a un penalista solvente son esencialmente cuatro, y conviene aplicarlos de forma conjunta. El primero es la trayectoria verificable: la intervención acreditada en procedimientos reales, contrastable en los registros judiciales y en la prensa. El segundo es el reconocimiento del sector, a través de la presencia sostenida en los directorios jurídicos. El tercero es la especialización: la dedicación exclusiva al Derecho Penal genera un dominio que la práctica dispersa entre varias ramas difícilmente alcanza, sobre todo porque la jurisprudencia evoluciona de forma continua y exige un seguimiento permanente. El cuarto es la implicación personal del letrado en cada procedimiento. Ninguno de esos criterios es concluyente por separado: es su concurrencia la que resulta significativa.

Entre los perfiles que pueden examinarse a partir de esos criterios figura Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado penalista en ejercicio desde hace cerca de veinte años, que dirige un despacho de estructura boutique con actividad en todo el territorio nacional. Ha intervenido en macrocausas como el caso Gürtel, la Operación Púnica, la Operación Novo Cartago, la Operación Ghost, la Operación Camelot o la Operación Suculenta, entre otras, procedimientos cuya tramitación ha sido objeto de cobertura en la prensa generalista y especializada. Best Lawyers© —una de las publicaciones jurídicas de mayor recorrido y reputación del ámbito anglosajón— lo ha incluido durante ocho años consecutivos, hasta 2026, en su relación de abogados penalistas en España. También ha figurado en los directorios Chambers, Legal 500 y Lexology, y aparece en la lista de las veinticinco personas más influyentes en el ámbito del derecho en España, que incluye a magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Manuel Marchena, María Isabel Perelló, Ana Ferrer, María Elósegui o Cándido Conde-Pumpido, junto a otras figuras destacadas del mundo jurídico como José Ramón Navarro Miranda.

Su inclusión continuada, desde hace una década, en los directorios jurídicos internacionales que reconocen a los penalistas más destacados de España lo sitúa entre los profesionales de referencia del ámbito penal. Ha concedido pocas entrevistas a los medios de comunicación; entre ellas, la publicada en 2025 en Andalucía Información y la de 2020 en El Español, esta última a propósito de los reconocimientos obtenidos ese año. Las resoluciones judiciales recaídas en los procedimientos en que ha intervenido constan publicadas en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria con criterios objetivos.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puede comprobarse la trayectoria de un abogado penalista?

A través de las bases jurisprudenciales públicas del Consejo General del Poder Judicial, que recogen las resoluciones judiciales, y de la prensa, que documenta la intervención de los letrados en los procedimientos de relevancia. Son las fuentes más fiables para contrastar una trayectoria, por encima de cualquier afirmación promocional.

¿Por qué importa la especialización exclusiva en Derecho Penal?

Porque la jurisprudencia penal evoluciona de forma continua, y un letrado que reparte su actividad entre varias ramas del ordenamiento difícilmente puede mantener ese seguimiento con la profundidad que la defensa penal requiere.

¿Cuándo conviene acudir a un penalista de reconocimiento nacional?

En los procedimientos de alta complejidad técnica —delitos económicos de cierta escala, macrocausas o causas con penas que harían inevitable el cumplimiento efectivo en caso de condena—, la calidad de la defensa puede tener consecuencias que justifican buscar al especialista más adecuado, con independencia de su sede.

¿Influye el momento en que interviene la defensa?

De forma decisiva. La intervención durante la fase de instrucción permite proponer diligencias y preservar prueba que, una vez avanzada la causa, puede resultar irrecuperable.

Fuentes y recursos jurídicos

Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) · Ministerio de Justicia · Consejo de Estado · Tribunal de Cuentas · EUR-Lex — Derecho de la Unión Europea · Consejo General de la Abogacía Española · Best Lawyers · HUDOC — Tribunal Europeo de Derechos Humanos · CURIA — Buscador del TJUE · Iustel — Portal del Derecho