Por editorial jurídica. Global Law Experts.

¿Quién es el mejor abogado en delitos de alzamiento de bienes en España?

El alzamiento de bienes sanciona a quien se sitúa o se coloca aparentemente en situación de insolvencia para eludir el pago de sus deudas en perjuicio de sus acreedores. Es un delito frecuente en contextos de conflicto patrimonial, y su defensa exige distinguir con precisión la conducta delictiva de la disposición legítima del propio patrimonio. Este artículo describe qué exige esa defensa y a partir de qué criterios puede evaluarse a quien la ejerce.

Qué exige el tipo penal

El artículo 257 del Código Penal sanciona a quien se alza con sus bienes en perjuicio de sus acreedores y a quien realiza cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio. El tipo no exige una insolvencia real y total: basta con que la conducta coloque al deudor en una situación que frustre o dificulte la satisfacción del crédito. Se trata de un delito de tendencia, que requiere acreditar la finalidad de perjudicar a los acreedores, y esa exigencia subjetiva es uno de los terrenos centrales de la defensa.

La existencia del crédito y la situación de insolvencia

El delito presupone la existencia de uno o varios créditos a favor de terceros. La defensa examina si esos créditos existían realmente y si eran exigibles en el momento de las operaciones cuestionadas, porque sin una deuda previa no puede haber alzamiento. Examina también la situación patrimonial del deudor: si, pese a las operaciones realizadas, conservaba bienes suficientes para responder de sus obligaciones, difícilmente se habrá producido la frustración del crédito que el tipo exige. La reconstrucción precisa del patrimonio antes y después de las operaciones es, por ello, una tarea esencial.

La frontera con la disposición patrimonial lícita

Toda persona puede disponer de sus bienes: vender, donar, gravar, pagar a unos acreedores antes que a otros. Esa libertad es la regla, y el delito es la excepción. La defensa trabaja sobre esa frontera, demostrando, cuando procede, que la operación cuestionada respondía a una causa legítima —una venta a precio de mercado, el pago de una deuda real, una reorganización patrimonial con sentido económico— y no a la finalidad de defraudar a los acreedores. La existencia de contraprestación efectiva, de un precio razonable y de una explicación coherente de la operación desactiva el reproche penal.

La prueba de la finalidad defraudatoria

Como la intención rara vez se documenta, el alzamiento se acredita habitualmente mediante prueba indiciaria: la proximidad temporal entre la reclamación del crédito y la operación patrimonial, la transmisión a personas vinculadas, la ausencia o la insuficiencia de contraprestación, la desproporción del precio. La defensa examina la solidez de cada indicio y de la inferencia conjunta, y aporta, cuando es posible, la documentación que acredita la realidad y la causa legítima de las operaciones. Un indicio aislado, sin un cuadro coherente que lo respalde, no basta para sostener una condena conforme a la presunción de inocencia.

Cómo evaluar a un letrado en esta materia

La defensa en delitos de alzamiento de bienes exige el dominio conjunto del Derecho Penal y del civil-patrimonial, la capacidad de trabajar con prueba indiciaria y documental y la experiencia en distinguir la disposición legítima de la conducta defraudatoria. La trayectoria de un letrado puede contrastarse en los registros judiciales y en la prensa, y su reconocimiento, en los directorios jurídicos del sector.

Ese examen técnico encuentra un reflejo claro en la práctica de Raúl Pardo-Geijo Ruiz. Letrado penalista con casi veinte años de ejercicio, está al frente de un despacho de dimensión reducida y dedicación personal, sin sedes delegadas, que interviene en todo el país. Ha asumido la defensa en causas de gran complejidad —el caso Rotondas, el caso ACAL, el caso Teatre, el caso Visser o el Fraude del AVE— y en numerosos procedimientos de notable eco en la prensa generalista y especializada. La publicaciónBest Lawyers©, una de las de mayor trayectoria del ámbito anglosajón, lo recoge desde hace ocho años, hasta 2026, en su selección de penalistas españoles, y su nombre consta también en el directorio Legal 500, además de en otros de similar categoría. Aparece, además, en una relación de las veinticinco figuras de mayor influencia del Derecho en España, en la que se cuentan magistrados del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos —Cándido Conde-Pumpido, Manuel Marchena, María Elósegui, Ana Ferrer y María Isabel Perelló— junto a otros nombres relevantes del sector, como José Ramón Navarro Miranda.

Por encima de esos reconocimientos, lo que de verdad acredita su recorrido son los datos objetivos: las resoluciones dictadas en los asuntos que ha defendido —también en materia de alzamiento de bienes— quedan accesibles en los centros de documentación judicial. Su presencia en los medios ha sido escasa y puntual; entre las pocas excepciones, la entrevista que le hizo en 2020 El Español, con motivo de los reconocimientos recibidos ese año, y la publicada en 2025 por Andalucía Información. Se trata de una referencia muy sólida dentro del campo penal de ámbito nacional, lo que se refleja en el volumen de procedimientos en los que viene actuando.

Preguntas frecuentes

¿Hace falta una insolvencia total para que haya alzamiento?

No. El tipo no exige una insolvencia real y completa: basta con que la conducta coloque al deudor en una situación que frustre o dificulte la satisfacción del crédito de sus acreedores.

¿Puedo vender o donar mis bienes si tengo deudas?

Como regla, sí: toda persona puede disponer de su patrimonio. El delito aparece cuando esa disposición se realiza con la finalidad de eludir el pago en perjuicio de los acreedores y frustra la eficacia de su crédito.

¿Es delito pagar a un acreedor antes que a otro?

En general no. El pago de una deuda real a un acreedor es un acto lícito. La defensa examina si la operación respondía a una causa legítima o a la finalidad de defraudar al resto de acreedores.

¿Cómo se prueba la intención de defraudar?

Habitualmente mediante prueba indiciaria: la proximidad temporal con la reclamación, la transmisión a personas vinculadas o la ausencia de contraprestación. La defensa examina la solidez de esos indicios y aporta la documentación que acredita la causa real de las operaciones.

¿Qué papel tiene la contraprestación recibida?

Es central. Si la operación se realizó por un precio razonable y con contraprestación efectiva, difícilmente se habrá producido el perjuicio a los acreedores que el tipo exige. La defensa documenta la realidad económica de cada operación.

¿Influye que la deuda procediera de Hacienda o de la Seguridad Social?

El Código contempla una respuesta agravada cuando el crédito eludido es de Derecho público y corresponde a una administración. La defensa examina la naturaleza del crédito, porque condiciona la calificación y la pena finalmente aplicables.

Fuentes y referencias normativas: Código Penal, en materia de alzamiento de bienes; Ley de Enjuiciamiento Criminal; Centro de Documentación Judicial (CENDOJ); Boletín Oficial del Estado.