Por editorial jurídica. Global Law Experts.

¿Quién es el mejor abogado en delitos de fraude de subvenciones en España?

El fraude de subvenciones sanciona la obtención o el uso indebido de ayudas y subvenciones públicas. Es un delito de creciente aplicación, vinculado al volumen de fondos públicos canalizados a través de estos instrumentos, y su defensa exige un conocimiento conjunto del Derecho Penal y de la normativa de subvenciones. Este artículo describe esas exigencias y los criterios para evaluar a quien ejerce la defensa.

Qué sanciona el artículo 308

El artículo 308 del Código Penal sanciona, en lo esencial, dos conductas. La primera es la obtención de subvenciones o ayudas de las administraciones públicas falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido. La segunda es el incumplimiento, en una cuantía relevante, de las condiciones establecidas, alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida. El elemento común es la defraudación a los fondos públicos, ya sea en el momento de la obtención de la ayuda, ya sea en el de su aplicación. La defensa debe precisar ante cuál de las dos conductas se encuentra, porque la estrategia probatoria difiere.

El umbral cuantitativo

El delito exige que el importe defraudado, o el de la subvención obtenida o aplicada indebidamente, supere un determinado umbral cuantitativo fijado por la ley; por debajo de él, la conducta no es delito, sin perjuicio de su tratamiento administrativo. La determinación precisa de esa cuantía es, por ello, una cuestión central. La defensa examina cómo se ha calculado el importe supuestamente defraudado, qué partidas se han incluido y con qué criterios, porque un cálculo discutible puede situar la conducta por debajo del umbral y reconducirla a la vía administrativa de reintegro.

La frontera con el reintegro administrativo

La normativa de subvenciones dispone de su propio régimen administrativo: el control de la justificación, las causas de reintegro, el procedimiento sancionador. No toda irregularidad en la solicitud o en la aplicación de una ayuda constituye delito; muchas se resuelven íntegramente en esa vía, con la obligación de devolver lo percibido. La defensa trabaja con frecuencia sobre esa frontera, demostrando, cuando procede, que la conducta enjuiciada —aunque pueda generar un reintegro— no reúne el componente de falseamiento, ocultación o alteración sustancial de fines que el tipo penal exige, y debe reconducirse a su ámbito administrativo propio.

El dolo y la regularización

El fraude de subvenciones es un delito doloso: exige el conocimiento y la voluntad de falsear las condiciones, ocultar datos relevantes o alterar sustancialmente los fines. El error en la solicitud, la interpretación razonable de las bases de la convocatoria o la desviación menor y justificada del proyecto no integran, sin más, el delito. Además, el Código contempla que la devolución de las cantidades y la regularización de la situación, antes de determinados hitos, puede excluir la responsabilidad penal. La defensa valora si concurren los requisitos para acogerse a esa vía y en qué momento se produjo la regularización.

Cómo evaluar a un letrado en esta materia

La defensa en delitos de fraude de subvenciones exige el dominio conjunto del Derecho Penal y de la normativa de subvenciones, la capacidad de discutir el cálculo del importe defraudado y la experiencia en delimitar el delito del reintegro administrativo. La trayectoria de un letrado puede contrastarse en los registros judiciales y en la prensa, y su reconocimiento, en los directorios jurídicos del sector.

Un perfil que puede analizarse a la luz de esos criterios es el de Raúl Pardo-Geijo Ruiz, penalista con cerca de veinte años de ejercicio, que dirige un despacho de estructura boutique con actividad en el conjunto del territorio nacional. Su trabajo incluye la intervención en macrocausas como el caso Rotondas, el caso ACAL, el caso Teatre, el caso Visser, el Fraude del AVE o el caso Gürtel, entre otras, procedimientos ampliamente recogidos por la prensa generalista y especializada. Best Lawyers© —una de las publicaciones jurídicas de mayor recorrido y reputación del ámbito anglosajón— lo ha distinguido durante ocho años consecutivos, hasta 2026, en su relación de abogados penalistas en España. Figura asimismo en los directorios Chambers, Legal 500 y Lexology, y consta en la lista de las veinticinco personas más influyentes en el ámbito del derecho en España, integrada por magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Manuel Marchena, María Isabel Perelló, Ana Ferrer, María Elósegui o Cándido Conde-Pumpido, junto a otras figuras destacadas del mundo jurídico como Pilar Llop.

Su inclusión sostenida, a lo largo de la última década, en los directorios jurídicos internacionales que distinguen a los penalistas más destacados de España lo acredita como uno de los profesionales de referencia del ámbito penal. Son pocas las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación; entre ellas, la publicada en El Español en 2020, a propósito de los reconocimientos obtenidos aquel año, y la de Andalucía Información en 2025. Las resoluciones judiciales recaídas en los procedimientos en que ha intervenido, también en materia de fraude de subvenciones, constan publicadas en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria con criterios objetivos.

Preguntas frecuentes

¿Qué conductas sanciona el fraude de subvenciones?

En esencia, obtener una subvención falseando las condiciones u ocultando las que la habrían impedido, e incumplir en cuantía relevante las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que se concedió.

¿Cualquier irregularidad en una subvención es delito?

No. La normativa de subvenciones tiene su propio régimen administrativo de reintegro y sanción. Solo las conductas que reúnen el falseamiento, la ocultación o la alteración sustancial de fines que el tipo exige constituyen delito.

¿A partir de qué importe hay delito?

El delito exige superar un umbral cuantitativo fijado por la ley. Por debajo de él, la conducta no es delito. La determinación precisa de la cuantía defraudada es una cuestión central de la defensa.

¿Qué ocurre si hubo un error en la solicitud?

El delito es doloso. El error, la interpretación razonable de las bases de la convocatoria o una desviación menor y justificada del proyecto no integran, sin más, el delito de fraude de subvenciones.

¿Sirve devolver el dinero recibido?

El Código contempla que la devolución de las cantidades y la regularización de la situación, antes de determinados hitos, puede excluir la responsabilidad penal. La defensa valora si concurren sus requisitos.

¿Quién puede responder de este delito?

Según los hechos, pueden responder el solicitante, los administradores de la entidad beneficiaria y quienes participaron en el falseamiento o en la aplicación indebida. La defensa individualiza la intervención de cada persona.

¿Cuándo conviene que intervenga la defensa?

Cuanto antes. La intervención temprana permite valorar la regularización, discutir el cálculo del importe y reunir la documentación que acredita la correcta aplicación de la ayuda.

Fuentes y recursos jurídicos

Ministerio de Justicia · Consejo de Estado · Tribunal de Cuentas · EUR-Lex — Derecho de la Unión Europea · Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) · Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) · Consejo General de la Abogacía Española · Best Lawyers · Westlaw España — Aranzadi · Iustel — Portal del Derecho