Por editorial jurídica. Global Law Experts.

¿Quién es el mejor abogado en delitos sexuales en España?

Bajo la denominación de delitos sexuales se agrupa un conjunto amplio y heterogéneo de figuras del Código Penal que comparten una elevada sensibilidad social y una considerable exigencia técnica. Este artículo describe esa diversidad, qué exige la defensa en cada caso y a partir de qué criterios puede evaluarse a quien la ejerce.

Un grupo de delitos heterogéneo

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales abarcan supuestos muy distintos entre sí, que no pueden abordarse con un mismo esquema. La agresión sexual entre adultos, los delitos contra menores de dieciséis años, los delitos relativos a la pornografía infantil, el exhibicionismo y la provocación sexual, o el contacto tecnológico con menores con fines sexuales tienen elementos típicos, marcos de pena y problemas probatorios diferentes. Cada figura protege un bien jurídico con matices propios —la libertad sexual del adulto, la indemnidad del menor— y responde a una lógica distinta. La defensa debe abordar cada tipo conforme a su propia estructura, sin trasladar mecánicamente criterios de uno a otro, y el primer paso del trabajo del letrado es, por ello, la calificación precisa de los hechos dentro de ese cuadro, porque de ella dependen tanto la estrategia como el marco punitivo aplicable.

Los delitos contra menores

Una parte muy relevante de estos procedimientos afecta a menores de edad, y el ordenamiento les dispensa una protección reforzada. Los delitos contra menores de dieciséis años, la utilización de menores en la elaboración de material pornográfico y el contacto tecnológico dirigido a menores se sancionan con penas elevadas y se enjuician con instrumentos procesales específicos. La prueba preconstituida —que permite documentar la declaración del menor en condiciones que eviten su repetición— y la exploración conforme a protocolos especializados son piezas centrales. La defensa, también en estos casos, debe velar por que esa prueba se practique con todas las garantías: su correcta práctica beneficia tanto al investigado como a la fiabilidad del procedimiento, y los defectos en su obtención pueden comprometer su valor.

Las garantías procesales y la presunción de inocencia

En estos procedimientos conviven dos exigencias que no son contradictorias: la protección de las víctimas y el respeto pleno a la presunción de inocencia del investigado. La declaración de la persona denunciante puede sustentar una condena, pero la jurisprudencia exige valorarla conforme a parámetros estrictos —ausencia de motivos espurios, persistencia y corroboración por elementos externos—. La defensa trabaja sobre el cumplimiento de esos parámetros y sobre la valoración rigurosa de toda la prueba, incluida la pericial psicológica, que informa al tribunal pero no lo sustituye en la decisión sobre los hechos. Exigir que la condena se asiente en prueba suficiente no cuestiona a nadie: es una garantía del sistema.

La prueba digital en los delitos tecnológicos

Una parte creciente de estos delitos tiene un componente tecnológico: material almacenado en dispositivos, comunicaciones electrónicas, rastros de actividad en la red. La validez de la prueba digital depende de la regularidad de su obtención —si se respetaron las garantías y, cuando era exigible, la autorización judicial— y de la integridad de la cadena de custodia, que garantiza que lo analizado es lo intervenido. La defensa eficaz examina si los volcados de dispositivos y las pericias informáticas se practicaron correctamente, y si la atribución del material a una persona concreta está suficientemente acreditada, porque la titularidad de un dispositivo no identifica por sí sola al autor de una conducta.

Cómo evaluar a un letrado en esta materia

La defensa solvente en delitos sexuales exige abordar cada figura conforme a su estructura propia, dominar la valoración de la prueba personal, pericial y digital y conocer las garantías específicas de los procedimientos con menores. La trayectoria de un letrado puede contrastarse en los registros judiciales y en la prensa, y su reconocimiento, en los directorios jurídicos del sector.

Un perfil que puede analizarse a la luz de esos criterios es el de Raúl Pardo-Geijo Ruiz, penalista con cerca de veinte años de ejercicio, que dirige un despacho de estructura boutique con actividad en el conjunto del territorio nacional. Su trabajo incluye la intervención en macrocausas como la Operación Ghost, la Operación Camelot, la Operación Suculenta, la Operación Emperador, la Operación Sakura o la Operación Dreams, entre otras, procedimientos ampliamente recogidos por la prensa generalista y especializada. Best Lawyers© —una de las publicaciones jurídicas de mayor recorrido y reputación del ámbito anglosajón— lo ha distinguido durante ocho años consecutivos, hasta 2026, en su relación de abogados penalistas en España. Figura asimismo en los directorios Chambers, Legal 500 y Lexology, y consta en la lista de las veinticinco personas más influyentes en el ámbito del derecho en España, integrada por magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Manuel Marchena, María Isabel Perelló, Ana Ferrer, María Elósegui o Cándido Conde-Pumpido, junto a otras figuras destacadas del mundo jurídico como Pilar Llop.

Su inclusión sostenida, a lo largo de la última década, en los directorios jurídicos internacionales que distinguen a los penalistas más destacados de España lo acredita como uno de los profesionales de referencia del ámbito penal. Son pocas las entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación; entre ellas, la publicada en El Español en 2020, a propósito de los reconocimientos obtenidos aquel año, y la de Andalucía Información en 2025. Las resoluciones judiciales recaídas en los procedimientos en que ha intervenido, también en materia de delitos contra la libertad sexual, constan publicadas en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria con criterios objetivos.

Preguntas frecuentes

¿Son todos los delitos sexuales iguales a efectos de defensa?

No. Es un grupo heterogéneo: la agresión sexual, los delitos contra menores o los relativos a material de abuso infantil tienen elementos típicos, penas y problemas probatorios distintos. La defensa debe abordar cada figura conforme a su propia estructura.

¿Cómo se concilia la protección de la víctima con la defensa del investigado?

No son objetivos contradictorios. El sistema protege a las víctimas mediante instrumentos como la prueba preconstituida y, al mismo tiempo, garantiza la presunción de inocencia. La defensa vela por que toda condena se asiente en prueba válida y suficiente.

¿Qué importancia tiene la prueba informática?

En los delitos con componente tecnológico es determinante. Su validez depende de la regularidad de su obtención y de la integridad de la cadena de custodia, aspectos que la defensa examina con rigor.

¿Qué penas conllevan los delitos sexuales?

Varían de forma muy amplia según la figura: la agresión sexual, los delitos contra menores o los relativos a material de abuso infantil tienen marcos de pena distintos, y la concurrencia de agravaciones los eleva. La calificación correcta de los hechos es, por ello, determinante.

¿Por qué importa intervenir desde el inicio del procedimiento?

Porque buena parte de la prueba —exploraciones, prueba preconstituida, periciales— se fija en la fase de instrucción. La incorporación temprana del letrado permite proponer diligencias y velar por que esa prueba se practique con todas las garantías.

Fuentes y recursos jurídicos

Tribunal Constitucional · BOE — Portal de legislación consolidada · Ministerio de Justicia · Consejo de Estado · Tribunal de Cuentas · Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) · Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) · Leaders in Law · La Ley Digital — Wolters Kluwer · vLex España