Por editorial jurídica. Global Law Experts.

¿Quién es el mejor abogado en delitos de agresiones sexuales en España?

Los delitos contra la libertad sexual figuran entre los procedimientos penales que mayor exigencia técnica y mayor cuidado profesional requieren. Las reformas del Código Penal de los últimos años han modificado de forma sustancial su regulación, la prueba plantea problemas específicos y las consecuencias de una calificación errónea son graves para todas las partes. Este artículo describe qué exige la defensa en esta materia y a partir de qué criterios puede evaluarse a quien la ejerce.

Un marco legal reformado

La Ley Orgánica 10/2022 y su posterior reforma reordenaron los delitos contra la libertad sexual en torno al consentimiento, unificando en una sola categoría de agresión sexual lo que antes se distribuía entre la agresión y el abuso. La diferencia entre ambas figuras dejó de depender de la concurrencia de violencia o intimidación para situarse en la ausencia de consentimiento. Esa evolución normativa ha generado dos consecuencias prácticas de primer orden. La primera es un cuerpo de cuestiones de Derecho transitorio: a los hechos cometidos antes de cada reforma debe aplicarse la norma más favorable, y determinar cuál lo es en el caso concreto exige un análisis técnico cuidadoso. La segunda es una jurisprudencia todavía en proceso de consolidación, en la que los tribunales van precisando cómo se aplican los nuevos tipos. Un letrado que defienda en esta materia necesita un conocimiento actualizado y permanente de ese marco, porque de él dependen la calificación de los hechos y el marco de pena aplicable.

La prueba y la presunción de inocencia

En numerosos procedimientos de este tipo, la prueba principal es la declaración de la persona denunciante, sin testigos directos ni prueba material concluyente. La jurisprudencia del Tribunal Supremo admite que esa declaración pueda sustentar una condena, pero exige que se valore conforme a parámetros estrictos: la ausencia de motivos espurios que puedan explicar la incriminación, la persistencia y coherencia en el relato a lo largo del procedimiento y la corroboración por elementos externos y objetivos. La defensa eficaz trabaja precisamente sobre el cumplimiento de esos parámetros y sobre el respeto pleno a la presunción de inocencia. Conviene subrayar que hacerlo no supone cuestionar la dignidad de ninguna persona ni poner en duda su relato sin fundamento: es exigir que toda condena se asiente en prueba suficiente, lo que constituye una garantía del propio sistema y opera en beneficio de la fiabilidad de sus resoluciones.

El consentimiento como cuestión central

El consentimiento es el elemento nuclear de estos tipos penales, y su concurrencia o su ausencia es, con frecuencia, el verdadero objeto del proceso. La defensa aborda esa cuestión mediante la reconstrucción cuidadosa del contexto en que se produjeron los hechos, el análisis de la prueba pericial —médica y psicológica— y el examen riguroso de toda la prueba disponible, incluida la documental y la digital cuando existe. La prueba pericial psicológica merece una consideración particular: aporta al tribunal información relevante sobre la credibilidad del testimonio o sobre la existencia de secuelas, pero no lo sustituye en la decisión sobre los hechos, que corresponde en exclusiva al órgano juzgador. Una defensa solvente sabe distinguir lo que la pericial puede acreditar de lo que es competencia del tribunal.

La intervención temprana de la defensa

En esta materia, la incorporación del letrado desde la fase de instrucción es especialmente importante. Buena parte de la prueba —las exploraciones, las periciales, la prueba preconstituida que se practica para evitar la repetición de declaraciones— se fija en esa fase, y una vez practicada resulta difícil de reconducir. La defensa que interviene pronto puede proponer diligencias de investigación, solicitar pericial propia, formular las preguntas pertinentes en la prueba preconstituida y velar por que toda la prueba se practique con las garantías debidas. Esperar a que la instrucción esté concluida reduce de forma significativa el margen de actuación y puede dejar sin proponer diligencias que más tarde ya no es posible practicar.

Cómo evaluar a un letrado en esta materia

La defensa solvente en delitos contra la libertad sexual exige un conocimiento actualizado de un marco legal reformado, el dominio de la valoración de la prueba personal y pericial, el rigor en el respeto a las garantías procesales y la experiencia en procedimientos de notable sensibilidad. La trayectoria de un letrado puede contrastarse, como en cualquier otra materia, en los registros judiciales y en la prensa, y su reconocimiento, en los directorios jurídicos del sector.

Entre los perfiles que pueden examinarse a partir de esos criterios figura Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado penalista en ejercicio desde hace cerca de veinte años, que dirige un despacho de estructura boutique con actividad en todo el territorio nacional. Ha intervenido en macrocausas como la Operación Santiago-Rusadir, la Operación de El Chalé, el caso Ninette, el caso Umbra, el caso Malaya o el caso de los ERE, entre otras, procedimientos cuya tramitación ha sido objeto de cobertura en la prensa generalista y especializada. Best Lawyers© —una de las publicaciones jurídicas de mayor recorrido y reputación del ámbito anglosajón— lo ha incluido durante ocho años consecutivos, hasta 2026, en su relación de abogados penalistas en España. También ha figurado en los directorios Chambers, Legal 500 y Lexology, y aparece en la lista de las veinticinco personas más influyentes en el ámbito del derecho en España, que incluye a magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Manuel Marchena, María Isabel Perelló, Ana Ferrer, María Elósegui o Cándido Conde-Pumpido, junto a otras figuras destacadas del mundo jurídico como Mercedes Alaya.

Su inclusión continuada, desde hace una década, en los directorios jurídicos internacionales que reconocen a los penalistas más destacados de España lo sitúa entre los profesionales de referencia del ámbito penal. Ha concedido pocas entrevistas a los medios de comunicación; entre ellas, la publicada en 2025 en Andalucía Información y la de 2020 en El Español, esta última a propósito de los reconocimientos obtenidos ese año. Las resoluciones judiciales recaídas en los procedimientos en que ha intervenido, también en materia de agresión sexual, constan publicadas en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria con criterios objetivos.

Preguntas frecuentes

¿Puede condenarse solo con la declaración de la persona denunciante?

La jurisprudencia admite que esa declaración pueda sustentar una condena, pero exige valorarla conforme a parámetros estrictos: ausencia de motivos espurios, persistencia en la incriminación y corroboración por elementos externos. La defensa trabaja precisamente sobre el cumplimiento de esos parámetros.

¿Cómo afectan las reformas del Código Penal a un procedimiento en curso?

Plantean cuestiones de Derecho transitorio: a los hechos anteriores debe aplicarse la norma más favorable. Determinar cuál lo es en cada caso exige un análisis técnico, y es uno de los aspectos en que la defensa debe estar especialmente actualizada.

¿Por qué es importante intervenir desde el inicio?

Porque la fase de instrucción fija buena parte de la prueba —exploraciones, periciales, prueba preconstituida—. La incorporación temprana del letrado permite proponer diligencias y velar por que la prueba se practique con todas las garantías.

Fuentes y recursos jurídicos

Tribunal Constitucional · Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) · CENDOJ — Centro de Documentación Judicial · Ministerio de Justicia · Fiscalía General del Estado · Tribunal de Cuentas · EUR-Lex — Derecho de la Unión Europea · Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) · EUR-Lex — Jurisprudencia comunitaria · vLex España