Los derechos del detenido en España: qué garantiza la ley desde el primer minuto

Ser detenido es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad en la vida de un ciudadano: en segundos se pasa de la libertad plena a la custodia del Estado. Lo único que equilibra esa desventaja es conocer los propios derechos. La Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la normativa europea reconocen a toda persona detenida un conjunto de derechos fundamentales e irrenunciables, que no son una cortesía del sistema, sino límites que el Estado de Derecho impone a sus propios agentes.

El punto de partida es el artículo 17 de la Constitución, que consagra la libertad como regla y la detención como excepción: nadie puede ser privado de libertad salvo en los casos y formas previstos en la ley, y la detención no puede durar más de lo estrictamente necesario. Cualquier detención que incumpla esos requisitos es ilegal y puede combatirse mediante el habeas corpus o los recursos ordinarios.

El primer derecho es ser informado de inmediato de los motivos de la detención y de los hechos imputados, en un lenguaje comprensible y, si es necesario, con intérprete. Detener a alguien sin explicarle los motivos puede anular las actuaciones posteriores. El derecho a guardar silencio permite negarse a responder cualquier pregunta, ante la policía o el juez, sin que ello se interprete como indicio de culpabilidad. Va unido al derecho a no declarar contra sí mismo: nadie puede ser obligado a aportar información que le incrimine. En la práctica, guardar silencio suele ser la opción más prudente cuando no se conoce con exactitud la acusación.

El derecho a la asistencia de abogado es la garantía que hace efectivas las demás. Comprende elegir libremente un abogado de confianza, la asistencia gratuita de oficio si no se puede costear, una entrevista reservada y confidencial antes de declarar, y la presencia del letrado durante todo el interrogatorio.

A ello se suman el derecho a la información en un idioma comprensible, con intérprete gratuito; el derecho a comunicar la detención a un familiar o persona de confianza, aunque esas comunicaciones pueden ser escuchadas, por lo que no debe hablarse del caso; el derecho a la asistencia médica, que cumple además una función de control frente a posibles malos tratos; y la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, que no admite excepción alguna y cuya vulneración anula cualquier declaración obtenida.

También se garantiza el plazo máximo de detención: con carácter general, 72 horas, transcurridas las cuales el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial. Frente a una detención ilegal, el habeas corpus permite que el juez revise su legalidad con urgencia y ordene la inmediata puesta en libertad.

Si durante la detención se vulnera algún derecho, como la falta de información, un interrogatorio sin abogado, malos tratos o la superación de plazos, debe comunicarse al abogado cuanto antes para solicitar la nulidad de las actuaciones, denunciar los hechos si constituyen delito y, agotada la vía ordinaria, acudir en amparo al Tribunal Constitucional. La efectividad de estas vías depende de actuar con rapidez y con asesoramiento especializado.