Diligencias previas: qué son y qué significa que se hayan abierto contra ti

Encontrar en una notificación judicial la expresión diligencias previas desconcierta a quien no maneja el lenguaje jurídico. No se trata de un trámite menor: es la denominación técnica de la fase de instrucción en el procedimiento penal abreviado, el cauce por el que se investiga y juzga la inmensa mayoría de los delitos en España.

Las diligencias previas constituyen la fase de investigación del procedimiento abreviado, regulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y aplicable a los delitos cuya pena máxima no supera los nueve años de prisión. Su apertura significa que un juzgado de instrucción ha decidido investigar formalmente si unos hechos son constitutivos de delito, quién puede ser responsable y si existen pruebas para sostener una acusación. Conviene subrayar que abrir diligencias previas no equivale a una acusación ni implica que se haya cometido un delito: es solo el inicio de una investigación que puede terminar en archivo o avanzar hacia el juicio.

Conviene distinguirlas del sumario, que es la fase de instrucción del procedimiento ordinario, reservado a los delitos más graves, con pena superior a nueve años, y enjuiciado por la Audiencia Provincial. Cuando una notificación menciona diligencias previas, lo más probable es que se esté ante el procedimiento abreviado.

Las diligencias previas se abren mediante auto del juzgado, como respuesta a una denuncia, una querella, un atestado policial o la iniciativa de la fiscalía. El juez no está obligado a abrirlas: si los hechos son manifiestamente atípicos, puede inadmitir la denuncia sin investigar.

Durante su tramitación, el juez puede practicar diligencias muy diversas. Cita a investigados, que pueden no declarar y tienen derecho a abogado, y a testigos, obligados a comparecer y declarar con veracidad salvo las excepciones legales. Puede encargar informes periciales, que la defensa siempre puede impugnar. Puede autorizar registros e intervenciones que afecten a derechos fundamentales, siempre con resolución motivada, pues obtenerlos sin los requisitos legales puede acarrear la nulidad de las pruebas. Y puede adoptar medidas cautelares, bajo los principios de necesidad y proporcionalidad.

El investigado dispone de un conjunto de derechos irrenunciables: ser informado de los hechos imputados, no declarar contra sí mismo, guardar silencio total o parcial, designar abogado de su elección, acceder a las actuaciones salvo secreto sumarial y proponer diligencias de descargo. Ejercerlos correctamente puede ser determinante. Las diligencias previas concluyen de tres formas: el archivo o sobreseimiento, libre o provisional, que no genera antecedentes; la apertura del juicio oral, cuando hay indicios racionales y escrito de acusación; o la transformación en sumario, si los hechos resultan más graves de lo previsto.

Existe la idea errónea de que no hace falta abogado hasta que el caso esté más avanzado. Es uno de los errores más costosos, porque las diligencias previas son la fase donde se construye la base del caso. Un abogado penalista que interviene desde su apertura controla la legalidad de la investigación, propone diligencias favorables, impugna lo irregular y prepara la defensa con antelación. Su intervención temprana es una ventaja estratégica que puede cambiar el resultado.