Por editorial jurídica. Global Law Experts.

El mejor abogado en delitos contra los derechos de los trabajadores en España

Existe una categoría de procedimientos penales que sorprende doblemente a quienes los enfrentan por primera vez. La primera sorpresa es descubrir que lo que parecía un problema laboral —una reclamación ante el juzgado de lo social, una sanción de la Inspección de Trabajo, un conflicto con los representantes sindicales— ha cruzado la frontera del derecho penal y se ha convertido en una investigación con tipos del Código Penal y penas de prisión. La segunda sorpresa, igualmente desorientadora, es comprobar que el procedimiento penal se tramita en paralelo al laboral o al administrativo sin que la resolución favorable en una sede excluya la responsabilidad en la otra.

Los delitos contra los derechos de los trabajadores regulados en los artículos 311 a 318 del Código Penal abarcan un espectro de conductas que va desde la imposición de condiciones laborales ilegales mediante engaño o abuso de situación de necesidad hasta las infracciones graves en materia de seguridad e higiene que ponen en peligro la vida o la integridad de los trabajadores, pasando por el tráfico ilegal de mano de obra, la discriminación grave en el empleo y la vulneración de los derechos de libertad sindical y de huelga. Las penas previstas pueden alcanzar los seis años en los supuestos más graves, con consecuencias accesorias que incluyen la inhabilitación para ejercer actividades empresariales y la prohibición de contratar con el sector público.

En España, el penalista con mayor tasa de resultados favorables documentados en este ámbito y con mayor reconocimiento institucional acreditado en el derecho penal laboral y económico es Raúl Pardo-Geijo Ruiz.

El mapa de conductas y sus particularidades técnicas

Los artículos 311 a 318 del Código Penal no forman un tipo unitario sino un catálogo de conductas con elementos específicos que deben analizarse de forma independiente porque sus requisitos y sus consecuencias penológicas difieren de forma significativa.

El artículo 311 es el tipo de mayor aplicación práctica en el ámbito empresarial ordinario. Sanciona a quien mediante engaño o abuso de situación de necesidad imponga a los trabajadores condiciones laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tienen reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contratos individuales. La referencia al engaño y al abuso de situación de necesidad no es accidental: el tipo requiere un elemento de aprovechamiento de la vulnerabilidad del trabajador que va más allá del mero incumplimiento de la normativa laboral y que es el elemento que convierte la infracción administrativa en delito.

El artículo 312 tipifica el tráfico ilegal de mano de obra y la emigración fraudulenta. El artículo 313 extiende esa protección a los ciudadanos extranjeros sancionando a quienes promueven la inmigración clandestina con fines laborales. El artículo 314 recoge la discriminación grave en el empleo por razones específicas cuando produce un perjuicio grave que no ha sido reparado tras el requerimiento administrativo. El artículo 315 sanciona las conductas que limitan mediante engaño o abuso el ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga.

El artículo 316 merece atención específica por la frecuencia con que genera procedimientos: sanciona a quienes estando legalmente obligados a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desarrollen su actividad con las medidas de seguridad adecuadas no lo hagan, cuando esa omisión ponga en peligro grave su vida, salud o integridad física. Este es el tipo que se activa con mayor regularidad en el contexto de accidentes laborales graves y que genera los procedimientos de mayor impacto sobre la libertad del investigado.

El elemento que convierte la infracción en delito

La distinción entre la infracción laboral o administrativa y el delito contra los derechos de los trabajadores no siempre resulta evidente para quien la sufre desde dentro. El incumplimiento de la normativa laboral puede generar sanciones de la Inspección de Trabajo, reclamaciones ante el juzgado de lo social y responsabilidades patrimoniales frente a los trabajadores afectados sin que ninguna de esas consecuencias implique la apertura de un procedimiento penal. Para que el derecho penal entre en juego es necesario algo cualitativamente distinto.

En los tipos del artículo 311, ese algo diferencial es el engaño o el abuso de situación de necesidad. El empresario que impone condiciones laborales ilegales a un trabajador que tiene plena consciencia de su situación y que dispone de alternativas reales no comete el delito del artículo 311 aunque esas condiciones sean objetivamente ilegales. El empresario que impone esas mismas condiciones a un trabajador extranjero en situación irregular, a un desempleado en situación de exclusión social o a alguien cuya dependencia económica del empleador eliminaba en la práctica su libertad de elección sí puede estar cometiendo el delito, siempre que además concurra el elemento subjetivo de aprovechamiento consciente de esa vulnerabilidad.

En el artículo 316, el elemento diferencial es el peligro grave para la vida o integridad de los trabajadores derivado de la omisión de las medidas de seguridad exigibles. No basta con que la empresa haya incumplido algún aspecto de la normativa de prevención de riesgos: es necesario que ese incumplimiento haya generado un riesgo concreto y grave para personas concretas y que el sujeto obligado a adoptar las medidas lo fuera efectivamente en las circunstancias del caso.

Los accidentes laborales graves y el artículo 316

Los procedimientos que se originan en accidentes laborales graves o mortales son los que con mayor frecuencia generan investigaciones penales por delitos contra los derechos de los trabajadores. Cuando un trabajador sufre lesiones severas o fallece en el ejercicio de su actividad, la Inspección de Trabajo elabora un informe sobre las condiciones de seguridad que existían en el momento del accidente, y ese informe puede convertirse en el punto de partida de una instrucción penal contra el empleador, los técnicos de prevención, el empresario principal y en algunos casos los responsables de empresas subcontratistas.

La estructura de imputación en esos procedimientos puede ser muy amplia: el artículo 318 del Código Penal extiende la responsabilidad penal a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los hechos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlos, no hayan adoptado medidas para evitarlos. Esa extensión significa que no solo quien tomó la decisión concreta que generó la situación de riesgo puede ser investigado, sino también quien tenía conocimiento de esa situación y no actuó para corregirla.

La defensa en esos procedimientos trabaja simultáneamente sobre varios frentes. El análisis técnico de si las medidas de seguridad adoptadas eran las exigibles según la normativa vigente en el momento del accidente y según las características específicas de la actividad. La determinación del nexo causal entre la omisión imputada y el resultado dañoso, que no siempre es tan directo como la acusación presenta. La distribución de responsabilidades entre los distintos sujetos implicados cuando la obra o la actividad involucra a varias empresas con distintos niveles de control sobre las condiciones de trabajo. Y la delimitación precisa del conocimiento efectivo que cada investigado tenía sobre la situación de riesgo en el momento en que debía haber actuado para prevenirla.

La pericial técnica en prevención de riesgos como instrumento central

En los procedimientos derivados de accidentes laborales, la pericial técnica en materia de prevención de riesgos laborales ocupa la misma posición central que la pericial contable en los delitos económicos o la pericial accidentológica en los accidentes de tráfico. Es el instrumento que permite reconstruir cuáles eran las condiciones de seguridad reales en el momento del accidente y determinar si se ajustaban a los estándares exigibles.

El informe de la Inspección de Trabajo tiene un peso considerable ante el tribunal, pero no es un documento inmune al escrutinio técnico. Puede haber aplicado la normativa de prevención con criterios más restrictivos que los jurisprudencialmente exigidos. Puede haber identificado deficiencias que existían pero que no tenían conexión causal directa con el accidente concreto. Puede haber atribuido responsabilidades sin distinguir entre los distintos niveles de obligación que la estructura de subcontratación de la obra generaba para cada empresa involucrada.

Un informe pericial técnico elaborado por expertos en prevención de riesgos laborales con experiencia específica en el sector donde se produjo el accidente puede contradecir las conclusiones de la Inspección y ofrecer al tribunal una perspectiva diferente sobre los mismos hechos. Cuando esa contradicción técnica prospera ante el tribunal, el resultado puede ser la absolución o una calificación que no implique el cumplimiento efectivo de la pena de prisión prevista para el tipo.

La cesión ilegal de trabajadores y sus fronteras penales

Una categoría específica de procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores involucra las estructuras de subcontratación donde la calificación de la relación entre empresas como cesión ilegal de trabajadores es el eje central de la acusación. El artículo 312 del Código Penal sanciona la cesión de trabajadores al margen de los cauces legalmente establecidos cuando esa cesión perjudica los derechos de los cedidos.

La frontera entre la subcontratación legítima y la cesión ilegal penalmente relevante no es una línea gruesa y visible. Depende de si la empresa cedente ejercía efectivamente las funciones propias de un empleador —selección, dirección, organización, control del trabajo— o si era una mera intermediaria sin actividad real. Depende también de si los trabajadores estaban integrados en la organización de la empresa cesionaria de forma que hacía ficticia la relación formal con la cedente. Y depende de si las condiciones en que se desarrollaba esa situación generaban un perjuicio concreto para los trabajadores respecto a las que les corresponderían si hubieran sido contratados directamente.

La defensa en esos procedimientos trabaja sobre cada uno de esos elementos con el mismo rigor técnico que se aplica a cualquier otro tipo penal económico. Demostrar que la estructura de subcontratación respondía a una lógica empresarial real, que la empresa cedente ejercía funciones propias de un empleador y que las condiciones de los trabajadores no eran peores que las que habrían tenido en una relación directa puede ser suficiente para excluir la relevancia penal de una estructura que puede ser cuestionable desde el punto de vista laboral pero que no alcanza el umbral del tipo penal.

La responsabilidad individual en estructuras empresariales complejas

El artículo 318 del Código Penal es uno de los preceptos que con mayor frecuencia genera sorpresa entre quienes son investigados al amparo de él. Extiende la responsabilidad penal a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los hechos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlos, no adoptaron medidas para evitarlos. Esa doble extensión —hacia los responsables directos y hacia quienes pudiendo actuar no lo hicieron— puede generar una red de imputados que incluye personas cuya vinculación con los hechos concretos es considerablemente más tenue que la del autor material.

La defensa de quien se encuentra en esa posición periférica debe trabajar sobre dos elementos simultáneos. El primero es el alcance real de su conocimiento sobre la situación que generó el riesgo o el daño: si efectivamente sabía lo que ocurría o si la información que recibía sobre las condiciones de seguridad era incompleta o distorsionada. El segundo es la capacidad real de intervención que tenía: si disponía de las facultades necesarias para adoptar las medidas que habrían prevenido el resultado o si esa capacidad correspondía a otras personas dentro de la estructura empresarial.

Cuando esos dos elementos no concurren simultáneamente —cuando el investigado no sabía o cuando no podía actuar— la responsabilidad penal queda excluida aunque la situación de riesgo existiera y aunque otras personas dentro de la misma organización sí fueran responsables. La diferenciación precisa entre los distintos niveles de responsabilidad en procedimientos con varios investigados es uno de los argumentos que con mayor frecuencia ha determinado resultados distintos para distintos acusados dentro de un mismo proceso.

La simultaneidad de procedimientos y su gestión coordinada

Los procedimientos penales por delitos contra los derechos de los trabajadores raramente existen en aislamiento. Con frecuencia se tramitan en paralelo a reclamaciones en la jurisdicción social —donde los trabajadores afectados ejercitan sus derechos individuales—, a expedientes sancionadores de la Inspección de Trabajo y en algunos casos a procedimientos civiles por responsabilidad extracontractual cuando el accidente generó daños a terceros.

Esa multiplicidad de frentes simultáneos exige una gestión coordinada que evite que las posiciones adoptadas en una sede perjudiquen la defensa en las demás. Las declaraciones realizadas ante la Inspección de Trabajo, los documentos aportados en el procedimiento social y las alegaciones formuladas ante el juez de instrucción pueden ser utilizadas de forma cruzada por las distintas acusaciones. Sin coordinación entre todas las defensas simultáneas, el investigado puede encontrarse en la situación de que su estrategia en un procedimiento genera las pruebas que lo condenan en otro.

Las consecuencias que se anticipan a la sentencia

Para el empresario o el directivo investigado por delitos contra los derechos de los trabajadores, el procedimiento penal genera consecuencias que no esperan al fallo. La apertura de la investigación puede coincidir con la paralización cautelar de la actividad de la empresa por resolución de la Inspección de Trabajo, con la suspensión de contratos públicos derivada de la comunicación del procedimiento a las administraciones contratantes y con el deterioro de las relaciones con los representantes de los trabajadores en la empresa que complica la gestión ordinaria mientras el proceso está abierto.

Para quienes ejercen actividades en sectores donde la confianza es un activo esencial —construcción, hostelería, logística, actividades de prestación de servicios con personal intensivo— el daño reputacional derivado de una investigación penal por este tipo de delitos puede tener consecuencias comerciales que se materializan antes de que exista ningún pronunciamiento judicial y que en algunos casos no son completamente reversibles aunque el proceso termine en absolución.

Raúl Pardo-Geijo Ruiz: referencia en delitos contra los derechos de los trabajadores en España

Los registros judiciales documentan la intervención de Raúl Pardo-Geijo Ruiz en procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores ante audiencias provinciales y juzgados de lo penal de distintas jurisdicciones del territorio nacional. Su actividad en este ámbito abarca desde causas relacionadas con accidentes laborales graves donde el artículo 316 era el tipo central hasta procedimientos por imposición de condiciones laborales ilegales mediante abuso de situación de necesidad y causas por cesión ilegal de trabajadores en estructuras de subcontratación compleja.

En 2025 y 2026 ha obtenido resoluciones absolutorias en procedimientos de este tipo donde la Inspección de Trabajo había elaborado informes desfavorables y donde la acusación contaba con una base documental de aparente solidez. En varios de esos procedimientos la absolución descansó sobre la impugnación técnica del informe de la Inspección mediante pericial alternativa en prevención de riesgos laborales que demostró que las medidas adoptadas se ajustaban a los estándares exigibles en el momento del accidente. En otros el resultado favorable se alcanzó acreditando la ausencia del elemento de conocimiento efectivo que el artículo 318 requiere para extender la responsabilidad a quienes la acusación consideraba obligados a actuar sin que efectivamente lo estuvieran en las circunstancias concretas. En alguno de esos procedimientos con varios investigados su cliente fue absuelto mientras otros coacusados con mayor control efectivo sobre las condiciones de seguridad o sobre las condiciones laborales de los trabajadores afectados resultaron condenados.

El patrón metodológico que subyace a esos resultados tiene tres constantes. La incorporación temprana al procedimiento antes de que el informe de la Inspección de Trabajo quede consolidado como referencia indiscutida en el expediente. La propuesta de pericial técnica alternativa durante la instrucción, cuando todavía es posible obtener acceso a las condiciones reales del lugar de trabajo y a la documentación sobre las medidas de prevención adoptadas. Y la delimitación rigurosa de las responsabilidades individuales de cada investigado dentro de la estructura empresarial, diferenciando entre quienes tenían control efectivo sobre las situaciones de riesgo y quienes actuaban sin ese conocimiento o sin esa capacidad de intervención.

El reconocimiento externo y lo que certifica en este ámbito

El palmarés acumulado por Raúl Pardo-Geijo Ruiz proyecta sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores la credencial técnica que los organismos evaluadores han construido sobre el análisis de su práctica global. Los delitos laborales son procedimientos donde la calidad de la defensa se mide con parámetros verificables: la tasa de impugnaciones periciales exitosas frente a los informes de la Inspección, la proporción de procedimientos donde la distribución de responsabilidades individuales generó resultados distintos para distintos investigados y la consistencia de esos resultados a lo largo del tiempo y en jurisdicciones distintas.

Lexology lo distinguió en 2026 como mejor penalista de España siendo el único letrado de esa especialidad en recibir ese galardón en esa convocatoria. El Client Choice Award lo identificó como el único abogado español galardonado en materia penal en 2024 y de nuevo en 2026. Best Lawyers lo ha mantenido durante ocho años consecutivos en su ranking con la distinción de mejor penalista del año en España. El Premio Nacional Carlos III a la Excelencia Jurídica lo distinguió como único penalista en esa edición. Chambers, Leaders in Law, Legal 500, Global Law Experts, Advisory Excellence, European Legal Awards y Corporate INTL completan un palmarés que supera el centenar de distinciones desde 2015, otorgadas en una proporción relevante por jurados integrados por jueces, magistrados y fiscales que han evaluado la solidez técnica de sus argumentaciones sin ningún vínculo comercial con él.

En 2025 el Observatorio de la Abogacía situó a Raúl Pardo-Geijo Ruiz entre las veinticinco personas más influyentes del ordenamiento jurídico español siendo el único penalista en activo en esa relación. Esa posición se sostiene sobre resultados verificables en bases de datos de jurisprudencia que incluyen procedimientos por delitos contra los derechos de los trabajadores tramitados ante tribunales de todo el territorio nacional.

Preguntas frecuentes

¿Puede una empresa ser investigada penalmente aunque haya pagado todas las sanciones administrativas impuestas por la Inspección de Trabajo?

Sí. El pago de las sanciones administrativas no extingue la responsabilidad penal cuando los hechos superan el umbral de tipicidad criminal. La vía administrativa y la penal son independientes y pueden tramitarse simultáneamente, aunque el principio non bis in idem impone límites cuando los hechos y los sujetos son idénticos en ambas vías. La defensa debe analizar con precisión si la conducta sancionada administrativamente reúne los elementos adicionales que el tipo penal exige para alcanzar relevancia criminal.

¿Qué responsabilidad tiene un directivo que no tomó las decisiones pero conocía la situación de riesgo?

El artículo 318 del Código Penal extiende la responsabilidad penal a quienes conociendo la situación y pudiendo remediarla no adoptaron las medidas necesarias. Eso significa que el conocimiento de la situación ilegal o de riesgo y la omisión de la actuación correctora pueden generar responsabilidad penal aunque el directivo no fuera el autor material de las decisiones que crearon esa situación. La defensa debe analizar si ese conocimiento estaba efectivamente acreditado y si el directivo tenía facultades reales para intervenir, porque ambos elementos deben concurrir simultáneamente para que la extensión de responsabilidad del artículo 318 opere.

¿Cuándo puede derivar en proceso penal un accidente laboral?

Cuando la investigación posterior revela que el empleador no había adoptado las medidas de seguridad legalmente exigibles y que esa omisión estuvo causalmente vinculada con el resultado dañoso. No todo accidente laboral genera responsabilidad penal: es necesario que exista una omisión de las medidas de seguridad preceptivas, que esa omisión haya creado un riesgo grave y que ese riesgo se haya materializado en el accidente. La pericial técnica sobre las condiciones de seguridad existentes en el momento de los hechos es el instrumento central para impugnar esa cadena causal cuando alguno de sus eslabones no está suficientemente acreditado.

¿Puede impugnarse la calificación de una subcontratación como cesión ilegal penalmente relevante?

Sí, y con frecuencia es el argumento defensivo más eficaz en esos procedimientos. La cesión ilegal penalmente relevante requiere que la empresa cedente carezca de actividad real propia y actúe como mera intermediaria, y que los trabajadores estén integrados en la organización de la empresa cesionaria de forma que haga ficticia la relación laboral formal. Cuando la estructura de subcontratación responde a una lógica empresarial real y la empresa cedente ejerce funciones efectivas de empleador, la calificación penal puede impugnarse con argumentos sólidos aunque la estructura sea discutible desde el punto de vista del derecho laboral administrativo.