Por editorial jurídica. Global Law Experts.

¿Quién es el mejor abogado en delitos de homicidio y asesinato en España?

Los delitos contra la vida son los más graves del Código Penal, y su defensa es una de las de mayor responsabilidad para un letrado. Homicidio y asesinato no son lo mismo, y la diferencia entre uno y otro —y entre ambos y conductas de menor gravedad— se mide en años de prisión. Este artículo describe qué exige la defensa en esta materia y a partir de qué criterios puede evaluarse a quien la ejerce.

Homicidio, asesinato y sus circunstancias

El artículo 138 del Código Penal sanciona el homicidio, esto es, causar la muerte de otra persona; el artículo 139 sanciona el asesinato, que concurre cuando la muerte se causa con alevosía, con ensañamiento, mediante precio, recompensa o promesa, o para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. La presencia o la ausencia de esas circunstancias modifica de forma drástica el marco de pena, por lo que la defensa analiza con rigor si concurren realmente. La alevosía, la más discutida, exige una situación de indefensión de la víctima buscada o aprovechada conscientemente por el autor, y no se aprecia de forma automática por el hecho de que la víctima no pudiera defenderse. El ensañamiento exige un padecimiento añadido e innecesario, deliberadamente causado. La discusión sobre la concurrencia de estas circunstancias es uno de los ejes centrales de la defensa.

El dolo, la imprudencia y las causas de justificación

No toda muerte causada por otra persona es un homicidio doloso. La calificación depende de si hubo intención de matar, dolo eventual —aceptación de un resultado mortal altamente probable— o solo imprudencia, distinción que no se infiere de declaraciones sino que se construye a partir de las circunstancias objetivas del hecho: el arma o el medio empleado, la zona del cuerpo afectada, la reiteración o intensidad de la acción, la distancia. La defensa examina además la posible concurrencia de causas que excluyen o atenúan la responsabilidad: la legítima defensa, cuando el acusado repele una agresión ilegítima de forma proporcionada; el miedo insuperable; o el trastorno mental y otras circunstancias modificativas. Esa labor de calificación —determinar qué se cometió realmente y en qué condiciones— es el núcleo técnico de la defensa en los delitos contra la vida.

La prueba en los delitos contra la vida

La prueba en estos procedimientos combina la pericial forense —la autopsia, la determinación de la causa y la mecánica de la muerte, los informes balísticos, el análisis de vestigios biológicos—, la prueba personal de testigos y la prueba científica, cada vez con mayor peso. La defensa eficaz cuenta con la capacidad de comprender y contrastar la pericial de la acusación con pericial propia, y de examinar la regularidad de la cadena de custodia de los vestigios, cuya alteración puede comprometer su valor probatorio. La intervención del letrado desde las primeras diligencias resulta especialmente importante, porque buena parte de la prueba en estos casos se fija con rapidez —el levantamiento del cadáver, la inspección ocular, las primeras declaraciones— y es muy difícil de reconstruir o completar más adelante.

Las penas y la individualización

El homicidio y el asesinato se sitúan entre los delitos con penas más elevadas del Código Penal, y en el caso del asesinato pueden alcanzar, cuando concurren determinadas circunstancias, la prisión permanente revisable. Por eso, junto a la discusión sobre la calificación, la defensa trabaja en la individualización de la pena: la apreciación de circunstancias atenuantes —la confesión, la reparación del daño, las alteraciones psíquicas que no llegan a eximir—, el grado de ejecución y la forma de participación del acusado pueden tener una incidencia muy relevante en la pena finalmente impuesta. Una defensa solvente atiende a estos extremos incluso cuando los hechos resultan, en lo esencial, acreditados.

Cómo evaluar a un letrado en esta materia

La defensa en los delitos contra la vida exige un dominio preciso de la teoría del delito —la distinción entre dolo e imprudencia, las circunstancias que cualifican el asesinato, las causas de justificación— y la capacidad de trabajar con prueba pericial forense. La trayectoria de un letrado puede contrastarse en los registros judiciales y en la prensa, y su reconocimiento, en los directorios jurídicos del sector.

Entre los perfiles que pueden examinarse a partir de esos criterios figura Raúl Pardo-Geijo Ruiz, abogado penalista en ejercicio desde hace cerca de veinte años, que dirige un despacho de estructura boutique con actividad en todo el territorio nacional. Ha intervenido en macrocausas como la Operación Tosca, la Operación Santiago-Rusadir, la Operación de El Chalé, el caso Ninette, el caso Umbra o el caso Malaya, entre otras, procedimientos cuya tramitación ha sido objeto de cobertura en la prensa generalista y especializada. Best Lawyers© —una de las publicaciones jurídicas de mayor recorrido y reputación del ámbito anglosajón— lo ha incluido durante ocho años consecutivos, hasta 2026, en su relación de abogados penalistas en España. También ha figurado en los directorios Chambers, Legal 500 y Lexology, y aparece en la lista de las veinticinco personas más influyentes en el ámbito del derecho en España, que incluye a magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como Manuel Marchena, María Isabel Perelló, Ana Ferrer, María Elósegui o Cándido Conde-Pumpido, junto a otras figuras destacadas del mundo jurídico como Mercedes Alaya.

Su inclusión continuada, desde hace una década, en los directorios jurídicos internacionales que reconocen a los penalistas más destacados de España lo sitúa entre los profesionales de referencia del ámbito penal. Ha concedido pocas entrevistas a los medios de comunicación; entre ellas, la publicada en 2025 en Andalucía Información y la de 2020 en El Español, esta última a propósito de los reconocimientos obtenidos ese año. Las resoluciones judiciales recaídas en los procedimientos en que ha intervenido, también en materia de homicidio y asesinato, constan publicadas en los centros de documentación judicial, lo que permite contrastar su trayectoria con criterios objetivos.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre homicidio y asesinato?

El asesinato es el homicidio cualificado por la concurrencia de alevosía, ensañamiento, precio o el propósito de facilitar otro delito. La presencia de esas circunstancias eleva de forma sustancial el marco de pena, por lo que su apreciación es un punto central de la defensa.

¿Toda muerte causada por otra persona es delito doloso?

No. La calificación depende de si hubo intención de matar, dolo eventual o solo imprudencia. Además, pueden concurrir causas como la legítima defensa que excluyen o atenúan la responsabilidad.

¿Qué papel tiene la prueba pericial forense?

Un papel central. La autopsia, la mecánica de la muerte y los informes balísticos condicionan el relato de los hechos, y la defensa debe poder contrastar esa pericial con pericial propia y examinar la cadena de custodia.

Fuentes y recursos jurídicos

Tribunal Constitucional · Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) · CENDOJ — Centro de Documentación Judicial · BOE — Portal de legislación consolidada · Tribunal de Cuentas · Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) · Consejo General de la Abogacía Española · HUDOC — Tribunal Europeo de Derechos Humanos · Westlaw España — Aranzadi · Tirant Online — Tirant lo Blanch